21/03/2026
Lo que está pasando en este proceso electoral es grave.
Aquí no hay confusión ni errores. Lo que hay es una actuación que está vulnerando la ley y comprometiendo la transparencia del proceso electoral.
El órgano electoral ha dejado de cumplir su rol esencial: aplicar la ley de oficio, con objetividad y sin excepciones. En lugar de eso, ha optado por una actuación selectiva, permisiva y, en muchos casos, inexplicable.
Para que quede claro, hablemos de hechos concretos:
1. Reelecciones prohibidas ignoradas.
Existen sentencias constitucionales claras que establecen límites a la reelección. Candidatos que ya han ejercido dos mandatos no pueden postularse nuevamente. Eso no es interpretativo, es mandato constitucional. Aun así, no fueron inhabilitados de oficio como correspondía.
2. Se abre un precedente gravísimo.
Al permitir estas postulaciones, no solo se está vulnerando la norma en casos puntuales. Se está sentando un precedente directo que abre la puerta a la reelección indefinida en otros niveles.
En términos claros: esto termina beneficiando y habilitando el argumento para que figuras como Evo Morales vuelvan a insistir en una nueva reelección.
Lo que se está haciendo hoy no se queda en esta elección. Tiene consecuencias nacionales y de fondo.
3. Renuncia a su deber institucional.
En lugar de hacer cumplir la norma, se trasladó esa responsabilidad al ciudadano, obligándolo a denunciar lo que el propio órgano debía observar y aplicar directamente. Esto no solo es irregular, es un incumplimiento de sus deberes.
4. Organizaciones sin requisitos que igual participaron.
Agrupaciones que no cumplían condiciones básicas fueron admitidas en el proceso. La ley es clara: quien no cumple, no participa. Aquí se permitió avanzar igual, generando distorsiones desde el inicio.
5. Carnaval de inhabilitaciones y habilitaciones.
Candidaturas que aparecen, desaparecen y reaparecen sin criterios claros. Decisiones que se revierten sin explicación suficiente. Esto no es seguridad jurídica, es un sistema que se acomoda según convenga.
Y además, ha generado confusión y engaño en la población, afectando directamente la transparencia del proceso.
6. Vulneración al principio de igualdad.
Casos donde candidatos que cumplieron requisitos aparecen sin condiciones iguales en la papeleta, afectando directamente su derecho a competir en equidad.
Y también casos donde, pese a cumplir con la norma, no se permitió la inscripción porque el “sistema” así lo decidió, incluso en situaciones donde se respetaba la paridad de género.
Curiosamente, ese mismo “sistema” solo funciona con rigidez en estos casos. Para lo demás, piedra libre.
El resultado de todo esto es grave: se ha debilitado el sistema electoral, se ha puesto en duda la legitimidad del proceso y se ha sentado un precedente peligroso.
Cuando la ley se aplica a unos sí y a otros no, deja de ser ley. Y cuando la autoridad encargada de garantizar elecciones limpias actúa de esta manera, lo que se erosiona no es solo un proceso, es la confianza en la democracia misma.
