09/08/2026
EDITORIAL | La democracia necesita contrapesos, no enemigos.
Domingo 9 de agosto 2026
Café Suñer - CR
El reciente plantón en defensa de la institucionalidad deja un mensaje que merece ser analizado más allá de banderas políticas, simpatías partidarias o posiciones personales: una democracia sólida necesita poderes independientes, capaces de fiscalizarse y limitarse entre sí.
Costa Rica construyó buena parte de su estabilidad sobre la división de poderes. El Poder Ejecutivo gobierna, el Legislativo legisla y ejerce control político, y el Poder Judicial administra justicia con independencia. Ninguno debería estar sometido al otro, porque precisamente ese equilibrio busca impedir que una sola fuerza concentre demasiado poder.
Por eso preocupa el enfrentamiento constante que desde el Poder Ejecutivo se ha mantenido contra distintas instituciones y, particularmente, contra el Poder Judicial. Una cosa es cuestionar decisiones, señalar errores o exigir eficiencia y transparencia —algo absolutamente legítimo en democracia— y otra muy distinta es convertir sistemáticamente a una institución del Estado en adversario ante la opinión pública.
El Poder Judicial no está por encima de la crítica. Tiene problemas, desaciertos y responsabilidades que deben señalarse. Pero tampoco puede convertirse en blanco permanente de una narrativa que termine debilitando la confianza ciudadana en la justicia simplemente porque determinadas resoluciones, investigaciones o actuaciones resulten incómodas para el Gobierno.
El plantón también puede interpretarse desde esa perspectiva. No necesariamente como una manifestación contra un gobierno o a favor de determinado grupo político, sino como la expresión de ciudadanos que consideran necesario recordar que Costa Rica necesita contrapesos.
Y aquí está el punto fundamental: defender la independencia del Poder Judicial no es defender jueces, fiscales o magistrados individualmente; es defender el derecho de todos los costarricenses a que exista una justicia que no dependa de Casa Presidencial, de la Asamblea Legislativa ni de ningún otro centro de poder.
El Ejecutivo tiene derecho a defender su gestión, responder cuestionamientos y debatir con firmeza. Pero desde la Presidencia también existe una responsabilidad mayor sobre el lenguaje utilizado. Cuando las diferencias institucionales se trasladan constantemente a la confrontación pública y se invita, directa o indirectamente, a observar a otro poder de la República como enemigo, el costo termina pagándolo la institucionalidad.
Costa Rica no necesita un Poder Ejecutivo débil, pero tampoco necesita un Poder Judicial subordinado ni una Asamblea Legislativa complaciente. Necesita instituciones fuertes que se controlen entre ellas.
Un país se gobierna mejor cuando existen límites, fiscalización y equilibrio. La concentración del poder puede parecer eficiente para quien gobierna hoy, pero resulta peligrosa cuando mañana ese mismo poder queda en manos de alguien con quien no estamos de acuerdo.
Ese debería ser el verdadero mensaje después del plantón: la democracia costarricense no pertenece a un presidente, a un partido, a los magistrados ni a los diputados. Pertenece al pueblo.
Y precisamente por eso debemos cuidar aquello que durante décadas ha distinguido a Costa Rica: instituciones independientes, libertad para disentir y una división de poderes que impida que alguien pueda gobernar, juzgar y controlar al mismo tiempo.
Criticar al Gobierno cuando consideramos que se equivoca también es democracia. Criticar al Poder Judicial cuando falla, igualmente. Pero debilitar un poder para fortalecer otro nunca debería ser el camino.
Costa Rica necesita menos confrontación entre sus instituciones y más respeto entre ellas. Porque los gobiernos pasan; la República permanece.
