Caso Curauma #CasoCurauma

20/05/2026

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Poder Judicial de Chile

19/05/2026

José Miguel Huerta, querellado por estafa

El abogado José Miguel Huerta Molina, de Claro y Cía., no comparece en la querella de Manuel Cruzat Infante de enero de 2026 como expresión de excelencia jurídica, sino como síntoma de una abogacía degradada: aquella que utiliza el derecho como tecnología de captura.

- Querella 7º Juzgado de Garantía de Santiago:
https://drive.google.com/file/d/1g41HhMlfmAubEyWKtLb9V9aE3X5gCO19/view?usp=share_link

La querella lo individualiza, junto a Cristóbal Eyzaguirre, como querellado por estafa residual y otros engaños, atribuyéndoles participación en la representación de Euroamerica Seguros de Vida y de su filial APESA dentro de una secuencia que habría combinado contratos, transferencia de inmuebles, quiebra, distribución de causa, intervención de síndico, renuncias procesales y cierre patrimonial. No se trata, por tanto, de una mera controversia profesional, sino de una imputación sobre el uso funcional del aparato jurídico para producir un resultado económico ilegítimo.

La diferencia es decisiva. Un buen abogado somete el interés del cliente al marco del derecho. Un mal abogado invierte esa relación: somete el derecho al interés del cliente. Allí deja de haber técnica jurídica propiamente tal y aparece otra cosa: instrumentalización normativa, abuso de procedimiento, captura de jurisdicción y administración estratégica de la apariencia de legalidad.

Por eso el Caso Curauma golpea directamente la legitimidad profesional de Huerta. Cuando la formación jurídica se pone al servicio de una operación torcida, deja de ser mérito y pasa a ser agravante ética. La abogacía no se mide por la habilidad para producir efectos procesales; se mide por la fidelidad mínima a la función pública del derecho.

En esa clave, la querella no lo engrandece: lo reduce. Lo muestra como un operador jurídico cuestionado por haber contribuido, según la acusación, a convertir formas legales en vehículo de despojo.

José Miguel Huerta está querellado por estafa. En un abogado, esa frase no es sólo un dato penal. Es una impugnación de oficio.

Con ese expediente encima, sus credenciales dejan de operar como pedestal y pasan a operar como contraste acusatorio: socio de Claro y Cía., profesor de derecho civil, abogado de la Universidad de Chile, con estudios de posgrado en Stanford University, miembro del Colegio de Abogados de Chile A.G. y de la American Bar Association. Todo ese capital profesional no lo absuelve ni lo eleva; lo compromete.

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18/05/2026

El estándar Eyzaguirre

Cristóbal Eyzaguirre, abogado de Claro y Cía., invocó en el caso Australis dos proposiciones jurídicas que hoy lo alcanzan de frente (El Mercurio, 2025).

Primera: no puede haber estafa sin ocultamiento.

Segunda: un fallo que resuelve materias fuera de lo pedido incurre en un vicio que lo invalida.

Entonces, que ese estándar rija para todos.

Porque Eyzaguirre no habla desde una cátedra neutral. Habla desde un estudio cuyos abogados, según la querella presentada por Manuel Cruzat Infante en enero de 2026 ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, participaron como coautores del esquema defraudatorio desplegado contra Curauma S.A. y sus accionistas, bajo el artículo 473 del Código Penal.

Y en Curauma el ocultamiento no es un accesorio. Es el método.

La querella acusa actos concretos: que abogados de Claro y Cía. intervinieron en la arquitectura que permitió trasladar más de 4.000 hectáreas en Alto Valparaíso —valorizadas en 11,8 millones de UF tras el Premval— desde Euroamerica Seguros de Vida a APESA, una filial sin patrimonio real, financiada íntegramente por el Banco de Chile, sin tasación independiente y mediante una hipoteca que afectó inmuebles sobre los cuales Curauma mantenía opciones de recompra vigentes.

Eso es ocultamiento. Eyzaguirre debe explicarlo.

Debe explicar por qué una operación financiera fue vestida como compraventa. Por qué tierras sujetas a opciones de recompra fueron movidas a una filial sin patrimonio real. Por qué una aseguradora regulada sacó activos estratégicos de su balance mediante una estructura bancaria. Por qué una deuda ya satisfecha siguió operando como palanca.

Y debe explicar algo todavía más grave: el tribunal.

La querella sostiene que la quiebra de Curauma jamás debió caer en el 2° Juzgado Civil de Santiago. Aplicado correctamente el algoritmo de distribución de la CAPJ, la causa debía radicarse en el 6° Juzgado Civil. No ocurrió. Fue al 2°. El mismo tribunal que años después conocería la insolvencia transfronteriza de LATAM Airlines, nuevamente con abogados de Claro y Cía. en escena.

Si Eyzaguirre sostiene que una resolución dictada fuera de los límites procesales queda viciada, su propio argumento lo encierra. Un proceso que nace desde una distribución alterada no es un proceso regularmente tramitado. Es una causa capturada desde el origen. Y las resoluciones que emanaron de ese tribunal —incluido el decreto de quiebra— son exactamente el tipo de acto que Eyzaguirre considera inválido.

No hay forma elegante de decirlo: si el tribunal fue artificialmente escogido, la quiebra no fue simplemente decretada. Fue conducida.

La querella se sostiene en escrituras, repertorios notariales, inscripciones conservatorias, roles de causas, registros de distribución y pagos efectuados. Exactamente el tipo de evidencia que Eyzaguirre exige cuando defiende a los suyos.

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17/05/2026

I

El Caso Curauma de 2013 revela la estrategia de Euroamerica Seguros de Vida para apoderarse de la garantía de Curauma S.A. tasada en más de 500 millones de USD

17/05/2026

La justicia en Chile

Hay causas que no terminan cuando se cierra un expediente. Siguen abiertas en la conciencia pública porque dejan algo más difícil de archivar: una duda sobre la forma en que funcionó el sistema.

Curauma pertenece a esa categoría.

No se piden condenas anticipadas ni que la Corte Suprema tome partido en una controversia todavía viva. Se pide algo más sobrio: que el país pueda saber si una causa de enormes consecuencias patrimoniales fue tramitada, desde su origen, con plena regularidad, con registros verificables y con respeto efectivo a las garantías del debido proceso.

En justicia, el procedimiento nunca es un detalle. Es la frontera que separa una decisión legítima de un resultado simplemente obtenido por la vía judicial. Por eso, cuando existen antecedentes concretos que generan dudas sobre la asignación de una causa, sobre el tribunal que la conoció, sobre el crédito que activó la quiebra, sobre la frustración de una solución concursal previa o sobre la administración posterior de los bienes, la respuesta institucional no puede limitarse a contemplar el final de la historia.

Debe volver al comienzo.

¿Cómo se distribuyó la causa?
¿Bajo qué criterios?
¿Con qué registros?
¿Qué controles existieron y quiénes intervinieron?
¿Qué crédito permitió abrir el procedimiento?
¿Qué ocurrió con los acreedores, los activos, los honorarios y los repartos?
¿Todo aquello descansó sobre una base procesal regularmente constituida?

Esas no son preguntas hostiles. Son las preguntas que una institución sólida debería poder responder.

La Corte Suprema tiene una responsabilidad que excede la resolución de recursos. También le corresponde custodiar la confianza pública en la justicia. Y esa confianza no se protege con silencio ni esquivando las preguntas incómodas. Se protege enfrentándolas con prudencia, con documentos y con sentido institucional.

Curauma merece ser examinado como una secuencia completa: origen, asignación, competencia, crédito, tramitación, administración, pagos y consecuencias. Sólo desde esa perspectiva será posible distinguir lo que fue ejercicio legítimo de derechos de aquello que pudo haber sido una desviación del proceso.

Cuando el origen de un procedimiento queda bajo sospecha, el silencio no cierra la herida. La profundiza. La autoridad de la justicia no descansa en aparentar infalibilidad, sino en tener la fuerza institucional para aclarar, corregir y responder cuando la confianza pública lo exige.

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16/05/2026

César Millán Nicolet y advertencia de la Superir

La Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, Superir, volvió a poner bajo severo escrutinio a César Millán Nicolet, síndico de la quiebra de Curauma S.A.

Y esta vez el oficio no es una simple observación administrativa: es una advertencia formal sobre el manejo de dineros, pagos y repartos dentro de una de las quiebras más sensibles del país.

En el Oficio Superir N° 6724 de 29 de abril de 2026, el organismo le señaló que existen actuaciones mal ejecutadas en la administración de la quiebra. La falta más grave apunta al cobro de honorarios extraordinarios con fondos de la propia quiebra, pese a que esos pagos debían ser asumidos por los acreedores que aprobaron dicho aumento. Por eso ordenó restituir esos dineros.

Pero el problema no termina ahí.

La Superintendencia también exige que Millán Nicolet explique por qué no se pagaron 1.595 millones de pesos que correspondían al Fisco de Chile como acreedor preferente. Es decir, dinero que, por ley, debía tener prioridad frente a otros pagos.

A ello se suma una diferencia contable de 86 millones de pesos detectada en los repartos de fondos. La instrucción es clara: entregar documentos, justificar lo ocurrido y corregir lo que corresponda.

El cierre del oficio eleva el tono institucional:

- si las instrucciones no se cumplen, el exsíndico puede enfrentar una infracción administrativa bajo la Ley N.º 20.720.

En simple: la Superintendencia no solo observa errores, sino enciende, nuevamente, una alarma sobre el manejo de la quiebra de Curauma.

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15/05/2026

- Oficio: www.casocurauma.cl/post/corte-suprema-el-oficio-8aj-n-1593
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15/05/2026

- Oficio: www.casocurauma.cl/post/corte-suprema-el-oficio-8aj-n-1593

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15/05/2026

Desestimar no es refutar

Las declaraciones del abogado Cristóbal Eyzaguirre de Claro & Cía. sobre el Caso Curauma no responden la acusación central. La reemplazan por algo más conveniente: el ridículo.

Existe una diferencia fundamental entre refutar un argumento y desacreditarlo. Refutar exige enfrentar la evidencia. Desacreditar solo requiere el tono y una supuesta autoridad para que el auditorio no note la diferencia.

"Este es un tema viejo." "No tiene sentido alguno." "Este es un intento desesperado de Cruzat." — Cristóbal Eyzaguirre, BioBío, 2023.

Estas frases no abordan la evidencia estadística sobre la asignación de causas. No explican por qué el tercer criterio del algoritmo del Poder Judicial no fue aplicado por la CAPJ. No responden qué hace que una probabilidad de 1 en 19 recaiga sistemáticamente sobre el mismo tribunal. En cambio, califican, psicologizan y apelan al agotamiento del oyente.

"Viejo" no significa "falso". Un delito no prescribe moralmente porque el denunciante sea persistente. Si el caso "no tiene sentido alguno", la pregunta es simple:

- ¿qué sentido tiene la documentación de la CAPJ a la Corte Suprema que muestra el incumplimiento del criterio de asignación? (Oficio 8AJ N° 1593, 2022).

Eyzaguirre no lo dice, porque no puede decirlo sin entrar en el terreno donde la retórica deja de funcionar a su favor.

Sostiene también que si alguien quisiera manipular el sistema, "buscaría al juez, no al tribunal". La objeción supone que solo existe una forma posible de manipulación, y que esa forma es la que Eyzaguirre imagina. Ignora la competencia geográfica, los precedentes jurisdiccionales, el control previo del tribunal como filtro. No es un argumento: es un recorte arbitrario del problema para que la evidencia no quepa en él.

La frase más reveladora es la última: que la quiebra "perjudicó a muchos acreedores, incluido el fisco". Es el corazón de la estrategia: presentar el daño causado por el cuestionado proceso como argumento en favor de su legitimidad. La lógica es circular. Lo que elude es que la pregunta del caso no es si hubo daño, sino quién lo originó y cómo. Eso es lo que la evidencia técnica busca responder, y lo que Eyzaguirre sistemáticamente rehúye.

La infantilización de un delito es, en sí misma, una forma de obstrucción. Quien descarta una acusación con "no tiene sentido alguno" sin tocar un solo dato y sin explicar un solo oficio, no está respondiendo: está administrando el silencio. El objetivo es hacer que la evidencia parezca indigna de ser examinada.

Chile no necesita más retórica institucional que reemplace el análisis. Necesita exactamente lo contrario: que quienes tienen acceso al poder y al prestigio no los usen para cerrar conversaciones que la evidencia debería mantener abiertas. Eyzaguirre habló. No respondió nada.

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14/05/2026

Curauma y el Premval

Cuando el valor de un activo supera trece veces la deuda asociada, la negativa a renegociar no es prudencia financiera. Es otra cosa.

El caso Curauma no es una historia sobre deudas impagas. Es una historia sobre tierras. Sobre tierras que, con la aprobación inminente del Plan Regulador Metropolitano de Valparaíso —el Premval— pasaron de ser suelo rural a extensión urbana, multiplicando su valor en proporciones difíciles de ignorar. Y sobre lo que ocurre cuando una parte en un contrato comprende ese valor mucho mejor que la otra.

Las tasaciones son elocuentes.

En octubre de 2011, con el Premval ya en el horizonte, los terrenos de Las Cenizas fueron valorados en más de 11,8 millones de UF: 13 veces la supuesta deuda que Curauma S.A. mantenía con Euroamerica Seguros de Vida. En la contabilidad de la propia sociedad, esos mismos predios aparecían registrados en cifras conservadoras que, aun así, casi triplicaban el monto adeudado. No había, en ninguna lectura razonable, una insolvencia real.

Lo que sí existía era una debilidad circunstancial: acceso bloqueado al mercado de capitales, litigios pendientes, suspensión bursátil, una serie de golpes simultáneos que dejaron al Grupo CB sin liquidez operativa. Una situación difícil, sin duda. Pero no irreversible. La administración de Curauma lo demostró al proponer, en abril de 2013, un Convenio Judicial Preventivo que contemplaba la venta ordenada de activos, un aumento de capital equivalente a 50 millones de dólares y el pago íntegro de las acreencias. Era una salida. Una salida que nunca llegó a votarse.

El 6 de agosto de 2013, tres semanas antes del vencimiento de las opciones de recompra y con el convenio aún en tramitación, Euroamerica transfirió los terrenos a una sociedad relacionada —Administraciones y Proyectos Euroamerica S.A.— catalogada como miniPyme, sin personal contratado y con capital mínimo. La operación se realizó sin cumplir las exigencias que la Ley de Sociedades Anónimas impone para transacciones entre partes relacionadas.

No se informaron hechos esenciales. No se revelaron las contingencias.
Que esto ocurriera a semanas de que el Premval consagrara formalmente la nueva categoría urbana de esos terrenos —aprobación que efectivamente ocurrió en octubre de 2013— no puede leerse como coincidencia. La cronología es demasiado precisa.

El mercado financiero funciona sobre la base de que los contratos se cumplen y de que las normas protegen a las partes más vulnerables en una negociación.

Cuando un acreedor poderoso aprovecha la iliquidez transitoria de un deudor para apropiarse de activos que valen muchas veces la deuda, eludiendo además los mecanismos legales que existen precisamente para evitar ese abuso, no estamos ante una ejecución legítima de garantías.

Estamos ante algo que merece un nombre más preciso, y una respuesta institucional a la altura.

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14/05/2026

Julio Bustamante Jeraldo y los 85 millones de pesos

El ex superintendente de AFP y ex director de Curauma S.A., Julio Bustamante, no es el arquitecto principal del plan contra Curauma. Es la llave. La pieza aparentemente menor que permitió abrir la puerta de la quiebra con una supuesta deuda cercana a 85 millones de pesos, una cifra mínima frente a terrenos valorizados en millones de UF.

El crédito venía de Corpbanca y tenía su origen en honorarios que Curauma habría adeudado a Bustamante, exdirector de la sociedad. Mientras en Valparaíso avanzaba un Convenio Judicial Preventivo para ordenar el pago a los acreedores, Bustamante compró el crédito de Corpbanca. Se desconoce quién financió esa compra, pero es obvio quién lo hizo. Luego, en vez de seguir el camino natural del convenio en Valparaíso, pidió la quiebra de Curauma en Santiago.

Ese cambio no era inocente. Si el caso seguía en Valparaíso, podía terminar en una reorganización o fórmula de pago. Pero al llevarlo a Santiago, el conflicto cambiaba de naturaleza: se abría una quiebra, se desplazaba la administración de Curauma y se entregaba el control a un síndico.

Ahí está la clave.

Bustamante no necesitaba tener la mayor deuda. Necesitaba tener la deuda correcta, en el momento correcto, ante el tribunal correcto.

La aberración fue posible porque el sistema quizo mirar la deuda chica y no el activo enorme. Una deuda ejecutiva impaga podía activar una quiebra, aunque la sociedad tuviera terrenos muy superiores al pasivo. Así, los 85 millones no probaron una insolvencia real: funcionaron como gatillo procesal.

La querella agrega otro punto grave: la causa quedó en el 2° Juzgado Civil de Santiago, aunque según los tres criterios del Poder Judicial, debió asignarse al 6° Juzgado Civil.

El diseño, entonces, no parece haber sido cobrar 85 millones. Eso era irrelevante frente al valor de Curauma. El objetivo habría sido usar esa deuda menor para activar una consecuencia mayor: sacar a Curauma de su cauce natural, intervenir su administración y abrir el camino para controlar activos urbanos excepcionales.

Bustamante, el testaferro, puso la chispa.

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