01/05/2025
Pocas veces hablo de política, pero hoy me siento verdaderamente preocupada.
Desperté con una noticia que me dejó un n**o en el estómago: el Senado ha aprobado una reforma que permitirá a funcionarios de CFE, PEMEX y el SAT portar armas de fuego. No puedo quedarme callada ante un hecho tan alarmante. Comparto aquí mi postura personal, con el deseo de abrir un espacio de reflexión sobre lo que esto significa para nuestro país.
Manifiesto mi total desacuerdo con la reciente reforma a la Ley de Armas de Fuego y Explosivos que permite la portación de armas a funcionarios de organismos como la CFE, el SAT y otros entes públicos sin función policial ni militar. Esta decisión no solo carece de fundamento operativo real, sino que además representa un retroceso ético, jurídico y democrático bajo el pretexto de la seguridad nacional.
Desde el plano jurídico, esta reforma vulnera el principio de legalidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza, previsto en el artículo 21 constitucional, que establece que las instituciones de seguridad deben ser de carácter civil. Al armar a funcionarios sin entrenamiento militar ni objetivos de seguridad pública, se rompe el equilibrio constitucional entre fuerza del Estado y derechos civiles. El legislador ha delegado poder coercitivo a entes que carecen de la estructura, el adiestramiento y la justificación para ejercerlo, creando un vacío legal y un exceso de discrecionalidad.
Desde la perspectiva ética, se viola el principio de justicia distributiva, al privilegiar el acceso a la fuerza armada a ciertos sectores estatales sin evidencia de necesidad ni mecanismos de control público. Además, se transgrede el principio de no maleficencia, pues esta reforma no garantiza evitar daño, sino que potencialmente lo incrementa al abrir la puerta a abusos institucionales, accidentes, intimidación ciudadana o uso indebido de armamento.
La sorpresa más alarmante es que esta reforma fue aprobada por unanimidad y sin discusión pública, lo que representa un grave antecedente de opacidad legislativa. En una democracia, el debate parlamentario no es decorativo: es garantía de deliberación ética. ¿Cómo puede el Senado otorgar el poder de portar armas sin consultar a la ciudadanía ni a expertos en seguridad?
¿Qué sigue? ¿Armar también a las oficinas de recaudación del agua potable? ¿A la Secretaría de Cultura? No todo lo público es estratégico, y no todo lo estratégico debe militarizarse. Existen medidas más racionales y civilizadas para proteger instalaciones clave: cámaras de vigilancia, protocolos de alerta, presencia policial externa, alianzas con fuerzas especializadas. Lo contrario es confundir lo técnico con lo bélico y al ciudadano con un enemigo interno.
Esta reforma no es una solución, sino un riesgo institucional maquillado de política pública. Si no se revierte, estaremos normalizando el armamentismo burocrático, debilitando la legitimidad del Estado civil y desplazando los principios constitucionales por una lógica de poder sin control ni justicia.
Lic. Estela Anchondo.
Página del Periódico Universal donde encontre esta lamentable noticia:
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/senado-avala-permitir-que-funcionarios-de-cfe-pemex-y-sat-porten-armas-dictamen-sera-turnado-al-ejecutivo-federal/
El Senado aprobó una reforma que permite portar armas a funcionarios de CFE, PEMEX y SAT. No tienen funciones policiales ni entrenamiento militar.
Armar burócratas no es seguridad: es una amenaza para la legalidad, la ética pública y los derechos civiles.
Esto no es proteger al país.
Es militarizar sin control, sin debate y sin sentido.
Lic. Estela Anchondo
La reforma fue aprobada por unanimidad
