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La Noticia Renovada Luis Llumpo Chapoñan - Director periodístico de LA NOTICIA RENOVADA y su programa político EL QUE SE PICA PIERDE.

Gasolina en Perú: precio subió 40,6% en un año y el petróleo supera los US$105 por barrilLa gasolina en Perú cuesta 40,6...
10/10/2026

Gasolina en Perú: precio subió 40,6% en un año y el petróleo supera los US$105 por barril

La gasolina en Perú cuesta 40,6% más que hace un año. Al mes de octubre, el precio promedio nacional alcanzó los S/5,78 por litro (S/21,88 por galón), según GlobalPetrolPrices, que recoge datos de Petroperú. En apenas tres meses, el precio subió 8%. A esta alza se suma el repunte del petróleo, que este jueves volvió a superar los US$105 por barril ante el temor a una nueva escalada del conflicto en Medio Oriente.

Este encarecimiento se produce en medio de las restricciones al suministro energético y los riesgos para el transporte marítimo. Para los peruanos, el aumento repercute en el costo para movilizarse y puede trasladarse a otras actividades que dependen del transporte de pasajeros y mercancías.

Sin embargo, el precio no es igual en todos los establecimientos. Un recorrido de La República por distintos grifos de Lima encontró diferencias importantes entre locales, incluso para un mismo tipo de combustible. Las variaciones nos permiten observar cuánto puede cambiar el gasto de los conductores al momento de abastecer sus vehículos.

Precio de la gasolina en Lima: grifos registran diferencias de hasta S/4,51 por galón
La gasolina premium registró la mayor diferencia de precios entre los grifos visitados. En un local de Petroperú, el galón se ofrecía a S/21,98, mientras que en Ocoris Grifos llegaba a S/26,49. La brecha de S/4,51 representa S/45,10 adicionales por cada diez galones en el establecimiento más caro.

En la gasolina regular, los precios iban de S/20,98 en Petroperú a S/23,69 en los dos locales de Repsol inspeccionados. En el diésel, el menor valor fue de S/24,99 en Petroperú, frente a los S/27,99 registrados en Repsol. La comparación incluyó también estaciones de Primax, Petroamerica, Energigas y Pecas. Ocoris Grifos ofrecía la gasolina regular a S/22,59 y el diésel a S/27,90, entre los precios más altos registrados para este último combustible.

En el GLP, los valores oscilaron entre S/7,39 en Energigas y S/7,79 en uno de los locales de Repsol.

Para el gas natural vehicular (GNV), Energigas registró el menor precio, con S/1,59, seguido de Ocoris Grifos, con S/1,67. Repsol también mostró diferencias entre sus locales: el GLP costaba S/7,79 en la estación de la plaza 2 de Mayo y S/7,45 en otra sede visitada.

Como referencia, Facilito, la aplicación de Osinergmin, reportaba S/21,99 para la gasolina regular, S/23,69 para la premium, S/26,19 para el diésel y S/7,15 para el GLP.

Gasolina regular y premium: así evolucionaron los precios durante 2026
Los indicadores mensuales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) muestran que el mayor incremento de los precios de los gasoholes se produjo desde marzo. El gasohol regular alcanzó su punto más alto en mayo, retrocedió durante los dos meses siguientes y volvió a subir en agosto.

El gasohol premium siguió una trayectoria parecida: subió desde marzo, se mantuvo en niveles elevados hasta mayo y descendió en los meses siguientes, antes de repuntar en agosto.

Aunque los precios bajaron parcialmente después de mayo, el nuevo aumento de agosto muestra que la tendencia al alza no se había revertido por completo. A comienzos de octubre, el precio promedio nacional de la gasolina llegó a S/5,78 por litro.

Petróleo por encima de US$105: qué está detrás del encarecimiento
El repunte de los combustibles coincide con el aumento de la cotización internacional del crudo. Bloomberg reportó que el petróleo acumulaba una revalorización superior al 70% en lo que va de 2026, impulsada por las restricciones al suministro, los daños a instalaciones energéticas y los riesgos para el transporte marítimo en Medio Oriente.

Los ataques a embarcaciones en el estrecho de Ormuz y las interrupciones en las operaciones energéticas han elevado la preocupación por la disponibilidad de petróleo y sus derivados. A estos factores se suman problemas en la capacidad de refinación y mayores costos de transporte, que pueden restringir la oferta de combustibles.

La cotización también recibió presión por la suspensión de parte de la producción en el golfo de México debido al huracán Isaías, según el reporte. La combinación de riesgos geopolíticos y climáticos mantiene la incertidumbre sobre la evolución de los precios internacionales.

Combustibles presionan la inflación y complican la perspectiva para 2027
El aumento de los combustibles también repercute en otros precios de la economía. Según el último informe del BBVA Research, la inflación interanual llegó a 4,5% en septiembre y atribuye aproximadamente dos puntos porcentuales de ese resultado al aumento de los precios locales de combustibles y transporte.

La entidad prevé que la inflación cierre 2026 cerca del 5%, antes de moderarse a 2,2% en 2027. La proyección depende, entre otros factores, de una recuperación gradual de los flujos energéticos a través del estrecho de Ormuz y de una posterior reducción de los precios del petróleo. Para el crudo Brent, BBVA estima un promedio de US$88 por barril en 2026 y US$76 en 2027.

Si las restricciones al transporte marítimo se prolongan o el conflicto vuelve a intensificarse, el petróleo podría mantenerse por encima de lo previsto y dificultar la moderación de los precios internos. Una distensión más rápida aliviaría esa presión. Por ahora, el aumento acumulado de la gasolina y la volatilidad del crudo mantienen a los combustibles entre los factores que complican el retorno de la inflación peruana al rango meta.

Por Rosa Grandez y Melissa Landa

Alerta por terremoto en Panamá: advierten olas de hasta 3 metros y estas son las zonas bajo amenazaUn terremoto de gran ...
10/10/2026

Alerta por terremoto en Panamá: advierten olas de hasta 3 metros y estas son las zonas bajo amenaza

Un terremoto de gran magnitud sacudió Panamá este viernes 9 de octubre y activó una advertencia internacional por la posible formación de olas peligrosas en distintos puntos del océano Pacífico.

El movimiento sísmico ocurrió a las 12:56 p. m. y generó evaluaciones de organismos especializados para determinar sus posibles consecuencias en las zonas costeras.

La advertencia llevó a las autoridades a revisar los riesgos para las comunidades cercanas al mar y a considerar las medidas de prevención correspondientes.

¿Qué magnitud tuvo el terremoto en Panamá?
Los organismos sismológicos difundieron distintas estimaciones sobre la intensidad del sismo.

El reporte inicial consignó una magnitud de 8.0, pero el PTWC revisó posteriormente esa cifra y la situó en 7.6. Por su parte, el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá calculó una magnitud de 7.2.

Esta última institución ubicó el epicentro a 39 kilómetros al noroeste de Tonosí, en la provincia de Los Santos, y estableció una profundidad de apenas 4 kilómetros.

Estas diferencias reflejan las actualizaciones que realizan los centros científicos cuando incorporan nuevos registros y perfeccionan sus cálculos sobre un evento sísmico.

La magnitud y la ubicación del terremoto llevaron a los especialistas a evaluar la posibilidad de que el desplazamiento del agua generara ondas capaces de afectar diferentes tramos de la costa del Pacífico.

¿Qué zonas de Panamá están bajo amenaza de tsunami?
El segundo boletín del PTWC, difundido a la 1:31 p. m., hora de Panamá, incluyó estimaciones sobre la posible llegada de las primeras ondas a distintos puntos del litoral.

Entre las localidades mencionadas figuran Punta Mala, en Los Santos, con una hora estimada de llegada de la 1:20 p. m.; Puerto Piña, en Darién, a la 1:31 p. m.; Punta Burica, en Chiriquí, a la 1:40 p. m.; y Balboa Heights, en el área del canal de Panamá, a las 3:41 p. m.

Estos horarios corresponden a cálculos técnicos y no constituyen una confirmación de que el tsunami haya llegado a esos lugares.

El organismo internacional también advirtió que la altura de las olas podría cambiar según la profundidad del océano, la configuración del fondo marino, la forma de la costa y las condiciones de la marea.

Por esa razón, una misma perturbación puede producir efectos diferentes en localidades relativamente cercanas.

¿El tsunami podría afectar a Perú y otros países de Sudamérica?
La evaluación del PTWC también contempló posibles variaciones del nivel del mar en otros países con costa en el Pacífico. Para algunos sectores costeros de Ecuador, los especialistas estimaron olas de entre 0.3 y 1 metro sobre el nivel de la marea.

En Colombia, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Honduras, México, Perú y Chile, las proyecciones situaron las variaciones por debajo de los 0.3 metros.

Estas estimaciones regionales no significan que todos esos países enfrenten una orden de evacuación ni que sus costas registrarán necesariamente los cambios previstos.

Cada autoridad nacional debe analizar la información disponible y comunicar las disposiciones que correspondan a su territorio.

En el caso peruano, los ciudadanos deben consultar los avisos oficiales de las entidades competentes antes de tomar decisiones sobre sus desplazamientos o acercarse a las playas.

Los especialistas recuerdan que un tsunami no consiste en una única ola. Este fenómeno puede generar una sucesión de ondas que llegan a la costa con intervalos de varios minutos y mantienen condiciones peligrosas durante horas.

Además, la primera ola no necesariamente alcanza la mayor altura. Por ello, observar que el mar permanece aparentemente tranquilo o que una primera onda tuvo escasa intensidad no garantiza que el peligro haya terminado.

Ante esta situación, las personas que se encuentren en playas, puertos y otras áreas costeras vulnerables deben mantenerse alejadas del mar y atender las instrucciones de las autoridades. La recomendación cobra especial importancia para quienes percibieron un movimiento sísmico fuerte o prolongado.

¿Hay una orden de evacuación en Panamá?
Hasta la actualización consignada en los reportes proporcionados, no se había confirmado una orden general de evacuación por tsunami para todas las costas panameñas. Los organismos de emergencia continuaban evaluando las posibles consecuencias del terremoto y la evolución de la amenaza.

La población debe seguir los comunicados del Sistema Nacional de Protección Civil de Panamá (SINAPROC), del PTWC y de las autoridades marítimas correspondientes.

Los avisos oficiales permitirán conocer si las condiciones cambian, si alguna localidad necesita medidas adicionales o si los especialistas descartan el peligro.

Por Martín Villacís

Cuestionan contratación de locadora en EsSalud tras anuncios de austeridad y reducción de duplicidadesHace apenas una se...
10/10/2026

Cuestionan contratación de locadora en EsSalud tras anuncios de austeridad y reducción de duplicidades

Hace apenas una semana, la presidenta ejecutiva de EsSalud, Zulema Tomás, defendió públicamente la necesidad de reducir la contratación de locadores administrativos bajo la premisa de eliminar la duplicidad de funciones. La titular del seguro social argumentó que el objetivo central de esta medida era optimizar los recursos presupuestales para destinarlos de manera prioritaria a la contratación y abastecimiento del personal asistencial en los hospitales.

Sin embargo, una reciente incorporación contractual dentro de la institución ha reencendido los cuestionamientos hacia la actual gestión. A pesar del discurso de contención del gasto, la entidad procedió con la contratación de personal bajo la modalidad de locación de servicios para labores de índole administrativa, lo que contradice las medidas de austeridad anunciadas por la alta dirección.

El caso que ha generado mayor controversia se registra en la Oficina de Relaciones Institucionales (ORI), dependencia que habría contratado a Aida Pilar Rosales Espinoza como personal administrativo. La contraprestación fijada asciende a S/ 6,500 mensuales, un monto que resulta altamente llamativo en el contexto actual y que se equipara o supera el ingreso promedio de diversos profesionales de la salud.

La mayor discrepancia recae en la naturaleza de las tareas asignadas a la nueva locadora. Según la información conocida sobre la orden de servicio, las actividades a desarrollar se superpondrían con las funciones que ya ejecuta el personal nombrado o contratado en la plantilla permanente de la propia oficina, contraviniendo el criterio de duplicidad que la administración prometió erradicar.

Respecto al perfil de la contratada, Rosales Espinoza cuenta con trayectoria administrativa previa dentro de entidades del sector público. Según se detalla en su historial laboral, se desempeñó entre 2022 y 2025 como asistente administrativa en la Oficina de Comunicaciones del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, para luego prestar servicios en el Ministerio de Salud entre enero y julio del presente año.

El hallazgo de este nuevo contrato deja en evidencia una aparente contradicción entre la política institucional informada a los medios y las decisiones administrativas adoptadas en la práctica diaria. La situación genera incertidumbre sobre el alcance real de la mentada reducción de locadores y la efectividad de los filtros aplicados para evitar contrataciones superfluas.

El escenario salpica además al plano político y de fiscalización superior, abriendo la interrogante sobre si el titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, sector del cual depende EsSalud, tiene conocimiento de estas contrataciones o si dispondrá una revisión de los procesos de locación de servicios vigentes en el seguro social.

Mientras la línea oficial insiste en la necesidad de adelgazar la burocracia institucional para reforzar las guardias de médicos y enfermeras en los centros de salud, la aparición de contratos con honorarios elevados en áreas de soporte administrativo exige respuestas claras por parte de las autoridades competentes. (Expreso).

Lucha contra el dengue: DIRIS Lima Norte inspeccionó 200 viviendas en Lomas de Ancón• Profesionales de salud ambiental, ...
10/10/2026

Lucha contra el dengue: DIRIS Lima Norte inspeccionó 200 viviendas en Lomas de Ancón

• Profesionales de salud ambiental, agentes comunitarios y personal SERUM trabajaron de manera conjunta

Con el objetivo de continuar protegiendo la salud pública y prevenir la propagación de enfermedades como el dengue, zika y chikungunya, la Dirección de Redes Integradas de Salud (DIRIS) Lima Norte realizó una intervención de control focal en 200 viviendas de la zona de Lomas de Ancón en el distrito de Ancón.

Estas visitas domiciliarias que comprenden labores integrales de control físico, aplicación de larvicida y captura del mosquito se realizaron de acuerdo a lo establecido en la NTS N° 198-MINSA/DIGESA-2023. Estas acciones fueron lideradas por la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria en articulación con el Puesto de Salud Villas de Ancón.

Para estas acciones se desplegó un equipo multidisciplinario conformado por 15 inspectores de salud ambiental y 04 Agentes Comunitarios de Salud (ACS) quienes desarrollaron labores integrales de control químico y físico, que comprende la identificación, ordenamiento y eliminación de potenciales criaderos y objetos inservibles que puedan acumular agua en patios, techos y otros espacios de las viviendas.

Como parte del control químico, se aplicó larvicida en los recipientes domésticos utilizados para el almacenamiento de agua, como cilindros, tanques y bidones, con la finalidad de preservar el cuidado del agua para que no afecte la salud de los ciudadanos e impedir el desarrollo de larvas y pupas del mosquito vector.

Asimismo, las brigadas de salud realizaron la captura de mosquitos adultos mediante aspirado entomológico. Esta técnica permite intervenir en los espacios internos de las viviendas como habitaciones, sala, cocina, baño; y en los espacios exteriores más cercanos pero que forman parte de la propiedad, como patio, jardín, garaje, pasillos exteriores, techos y corrales; lo que ayuda a reducir la densidad del vector y obtener muestras para el análisis del riesgo vectorial.

Durante la intervención, las familias de Lomas de Ancón también recibieron orientación sobre la importancia del correcto lavado, cepillado y tapado hermético de los recipientes utilizados para almacenar agua, a fin de identificar y controlar las condiciones que favorecen la reproducción del mosquito Aedes aegypti, y aplicar medidas de prevención, especialmente mediante la eliminación de depósitos y objetos que puedan acumular agua.

La DIRIS Lima Norte refuerza su compromiso de seguir impulsando acciones que protejan la salud de la población y reducir el riesgo de transmisión del dengue y otras enfermedades metaxenicas, e invoca a las familias a brindar las facilidades al personal de salud durante las visitas domiciliarias

ONPE envió actas de Lima Metropolitana observadas a los jurados electorales especialesPara que resuelvan observaciones y...
10/10/2026

ONPE envió actas de Lima Metropolitana observadas a los jurados electorales especiales

Para que resuelvan observaciones y se complete contabilización de votos

Tras culminar el procesamiento de las actas correspondientes a Lima Metropolitana, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) envió a los jurados electorales especiales (JEE) todas las actas que no pudieron contabilizarse porque fueron objeto de una observación o contienen una solicitud de impugnación o nulidad. Los JEE empezaron a evaluar y resolver los casos y, a las 11:26 a. m. de hoy, son 1886 las actas observadas de Lima Metropolitana pendientes de resolución.

Cada una de las 28 oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE) que funcionaron en Lima Metropolitana remitió las actas observadas de su circunscripción al jurado electoral especial (JEE) que le correspondía, entre los 10 JEE conformados para administrar justicia en primera instancia al interior de la Lima Metropolitana.

Un jurado electoral especial (JEE) compara el ejemplar del acta que los miembros de mesa le generaron con el acta observada que ha recibido de la oficina descentralizada de procesos electorales (ODPE). Si este cotejo no permite tomar una decisión, se dispone la realización de un recuento de votos.

Conforme un JEE va emitiendo resoluciones, las envía de regreso a la ODPE respectiva para que ejecute lo dispuesto. Si una resolución es apelada, pasa al pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que administra justicia en segunda y definitiva instancia.

Cuando los jurados electorales especiales (JEE) y el pleno del JNE terminen de atender todas las actas recibidas, será posible completar la contabilización de las actas y alcanzar resultados al cien por ciento. Mientras tanto, cualquier ciudadano puede seguir el avance en el procesamiento y la contabilización de las actas ingresando a https://resultadoelectoral.onpe.gob.pe/.

Un acta es observada en los siguientes casos:

• error aritmético: inconsistencia en las cifras consignadas, no coinciden la suma de votantes y de votos;

• ilegibilidad: números o grafías no se entienden porque no son claros o hay borrones o enmendaduras;

• información incompleta: en las secciones de sufragio y escrutinio, no se incluye el total de ciudadanos que votaron;

• falta de datos en los casilleros de la votación: no se han consignado votos;

• no contar con la cantidad mínima de firmas requeridas: por lo menos, una de las actas debe contener la firma de los tres miembros de mesa y las otras dos actas, firmas de dos miembros de mesa.

Ocho de diez virtuales gobernadores arrastran líos con la justiciaDiez candidatos lideran el conteo en sus regiones con ...
09/10/2026

Ocho de diez virtuales gobernadores arrastran líos con la justicia

Diez candidatos lideran el conteo en sus regiones con más del 30% de votos válidos y se proyectan como virtuales ganadores.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ya contabilizó más del 96% de las actas en cada una de esas regiones.

Ocho de los diez registran sentencias o denuncias fiscales, mientras que los otros dos enfrentan cuestionamientos. Cada caso tiene un estado distinto.

Sentencias

Rosali Leandro Tarazona (País para Todos) lidera en Huánuco con el 31.88% de votos válidos y 118,546 votos.

Sin embargo, registra una sentencia penal de 2019 por agresiones contra la mujer, en la modalidad de maltrato psicológico, según su Declaración Jurada de Hoja de Vida (DJHV) presentada al Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

El documento revela que el Segundo Juzgado Unipersonal de Flagrancia dictó reserva de fallo condenatorio, y que su pena habría sido cumplida.

Asimismo, Leandro registra una sentencia no penal de 2023 por violencia familiar. Fue el Segundo Juzgado de Familia de Huánuco que declaró fundada la demanda.

En tanto, Máximo Óscar Cabrera Cabrera (Avanza País) lidera en San Martín con 31.24% de votos válidos y 146,756 votos.

En su caso, registra cuatro sentencias no penales por procesos de alimentos, vinculadas a obligaciones de manutención.

Los expedientes corresponden a los años 2001, 2003, 2004 y 2007.

Cabrera también figuraría con dos procesos vigentes por lavado de activos y un caso por proxenetismo en el Ministerio Público, según reportó El Comercio en agosto de este año.

Cabrera ha replicado que el caso de 2013 corresponde a un fraude procesal archivado, y que la investigación por lavado está archivada.

Por su parte, Sandro Acosta Villavicencio (Somos Perú) lidera en Ucayali con 34.35% de votos válidos, es decir, 78,310 votos. En su historial registra una sentencia penal de 2007 con reserva de fallo.

El Tercer Juzgado Penal de Coronel Portillo la dictó por conducción vehicular imprudente y desobediencia, y resistencia a la orden oficial.

Denuncias

De otro lado, Elvyn Samuel Díaz Tello (Ahora Nación), lidera en Apurímac con 37.66% de votos válidos y 83,628 votos.

Díaz registra dos carpetas fiscales por los presuntos delitos de cobro indebido (2021) y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo (2022).

Como se recuerda, Díaz fue designado director de la Programa Sectorial III de la Dirección Regional de Salud del Gobierno Regional de Ayacucho, en septiembre de 2019 hasta su renuncia en abril de 2022.

Por su lado, Pabel Néstor Bellido Miranda (Libertad Popular) lidera en Ayacucho con 35.22% de votos válidos y 110,869 votos.

Pero Bellido cuenta con 20 carpetas fiscales como imputado en Ayacucho. Diez de ellas corresponden al presunto delito de concusión (colusión con defraudación patrimonial al Estado), según el medio local El Vocero.

De igual forma, Pedro Carmelo Spadaro Philipps (Renovación Popular) lidera en el Callao con 51.73% de votos válidos y 290,782 votos.

En su caso, en 2025, la Fiscalía abrió una investigación preliminar por presunta colusión agravada tras una presunta adjudicación de 27 órdenes de servicio por S/152,000.

En abril de 2026, la Policía y la Fiscalía Anticorrupción allanaron 15 inmuebles dentro del caso “Los socios fantasmas”, incluida la vivienda de Spadaro.

Otro es Juan Carlos Común Gavilán (Alianza para el Progreso), quien lidera en Huancavelica con 33.88% de votos válidos y 77,157 votos.

La Fiscalía pide 9 años de prisión en su contra por presunta colusión agravada en una obra de saneamiento.

Según el medio Huancayork Times, la obra habría generado un perjuicio de S/994,000 durante su gestión como alcalde de Tayacaja (Huancavelica). Incluso, el juicio tiene audiencia prevista el próximo 22 de octubre.

En la lista también está Juan Enrique Mendoza Uribe (Somos Perú), quien lidera en Ica con 30.76% de votos válidos y 157,078 votos.

En septiembre de 2026, el portal La Lupa reveló que Mendoza tiene siete expedientes fiscales activos. Entre ellos figura una denuncia por presunta violación sexual de un menor de edad.

La Fiscalía de Pisco abrió el 18 de agosto de 2026 una investigación preliminar por ese hecho, con un plazo de 60 días.

Cuestionados

Entre los diez virtuales gobernadores se tiene además a Simón Pedro Horna Alpaca (Ahora Nación), quien lidera en Madre de Dios con 36.18% de votos válidos y 31,300 votos.

Sobre Horna recae el pedido de la Procuraduría del Gobierno Regional de Madre de Dios de denunciarlo por la pérdida y deterioro de equipos médicos en 2021.

Además, está relacionado con la minería informal y es considerado uno de los promotores del paro minero de abril de 2014, en el que murieron cuatro personas.

También está Verónika F***y Mendoza Frisch (Alianza Electoral Venceremos), quien espera mantener su 30% de votos válidos en Cusco para no irse a un balotaje. Todo dependerá de los Jurados Electorales Especiales, que tienen pendiente al cierre de la edición resolver 45 actas derivadas de la ONPE.

Como se recuerda, la Fiscalía abrió en 2024 una investigación preventiva a Mendoza por presuntamente incitar a disturbios y conspirar para rebelión, sedición o motín. Asimismo, tuvo que declarar en 2016 como “testigo” en el caso de las agendas de Nadine Heredia.

Análisis

La politóloga Gabriela Navarro explicó a Correo que uno de los mayores riesgos al ocupar el cargo de gobernador con este tipo de antecedentes radica en cómo disponen su agenda edil.

“Si la autoridad tiene que dedicar una parte importante de su gestión a responder cuestionamientos judiciales o políticos, esto puede afectar la capacidad de construir confianza y generar un escenario de permanente confrontación”, sostuvo.

Para Navarro, los partidos políticos deben asumir su responsabilidad y definir sus prioridades al filtrar a sus candidatos.

“Si una organización conoce los antecedentes o cuestionamientos de una persona y, aun así, decide colocarla como su principal carta electoral, debemos preguntarnos qué está priorizando”, opinó.

La analista detalló que debe mejorarse la transparencia para decidir el voto.

“Este escenario también evidencia la necesidad de fortalecer la transparencia y el acceso a información sobre los candidatos para que el elector pueda tomar una decisión conociendo sus antecedentes y distinguiendo claramente entre una denuncia, una investigación y una sentencia”, afirmó. (Correo).

Nicolás Maduro y Cilia Flores enfrentan nuevos cargos por tortura y represión en Estados UnidosFiscalía estadounidense i...
09/10/2026

Nicolás Maduro y Cilia Flores enfrentan nuevos cargos por tortura y represión en Estados Unidos

Fiscalía estadounidense incorporó graves señalamientos al proceso y un juez rechazó el pedido de arresto domiciliario por razones de salud.

Nicolás Maduro y Cilia Flores enfrentan nuevos cargos ante una corte federal de Estados Unidos por presuntos actos de tortura y represión cometidos durante el periodo en que el chavismo ejerció el poder en Venezuela.

La Fiscalía estadounidense sostiene que ambos participaron en la creación y mantenimiento de un sistema destinado a perseguir a quienes cuestionaban al régimen.

La acusación, presentada este jueves, sostiene que entre 1999 y 2025 miles de venezolanos sufrieron acoso, amenazas, detenciones, persecución, agresiones, torturas o asesinatos a manos de personas que actuaban bajo una supuesta autoridad estatal.

El documento también incorpora los casos de al menos tres ciudadanos estadounidenses y describe un esquema que, según los fiscales, buscaba garantizar la permanencia de Maduro y Flores en el poder.

La nueva acusación amplía el expediente que ya enfrentaba la pareja en Nueva York por narcotráfico y terrorismo de Estado. Maduro y Flores permanecen recluidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn desde que Estados Unidos los detuvo durante un ataque ejecutado en Caracas el 3 de enero.

La investigación original comenzó seis años antes y no contemplaba los señalamientos relacionados con violaciones de derechos humanos, aunque organismos de Naciones Unidas investigan y documentan ese tipo de hechos en Venezuela al menos desde 2014.

El fiscal James M. McDonald atribuyó a la pareja el uso de estructuras militares, los llamados “colectivos”, grupos vinculados al narcotráfico y al terrorismo, además de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), para detener y torturar a personas consideradas opositoras. Según los fiscales, la violencia aumentaba durante los periodos de mayor inestabilidad política.

El expediente incorpora testimonios de tres ex altos oficiales identificados como “CC-1”, “CC-2” y “CC-3”, quienes describieron presuntas prácticas de tortura y órdenes impartidas desde las estructuras de poder.

Uno de ellos aseguró que supervisó tormentos ejecutados por subordinados y recibió instrucciones para asesinar a personas que se oponían a Maduro. Otros dos exfuncionarios reconocieron, según la Fiscalía, que ordenaron y participaron directamente en torturas contra ciudadanos estadounidenses.

Uno de los testimonios describe la detención de un estadounidense sometido a privación de alimentos y agua, simulacros de ahogamiento, golpes reiterados, descargas eléctricas en los testículos e inyecciones forzadas.

Otro caso corresponde a un ciudadano estadounidense detenido en agosto de 2023 cuando viajó a Venezuela para visitar familiares. El hombre relató que agentes de la DGCIM lo golpearon, amenazaron con matarlo y aplicaron descargas eléctricas durante su reclusión en Caracas.

Los captores, según su testimonio, le dijeron que lo mantenían con vida para utilizarlo como moneda de canje en un eventual intercambio de prisioneros.

La acusación también atribuye a Cilia Flores un papel en el supuesto aparato represivo y relaciona una de las referencias a sus familiares con Efraín Antonio Campo Flores, Francisco Flores de Freitas y Carlos Erik Malpica Flores, quienes afrontaron procesos por narcotráfico en Estados Unidos.

Los dos primeros fueron detenidos en Haití en 2015 y condenados en 2016, mientras que en 2022 la Administración de Joe Biden les concedió un indulto dentro de un intercambio de prisioneros; en diciembre de 2025, el Departamento del Tesoro volvió a sancionarlos.

Maduro y Flores se declararon inocentes de todos los cargos imputados
Maduro y Flores se declararon inocentes de todos los cargos y su defensa pidió que ambos reciban tratamiento como jefes de Estado y gocen de inmunidad. Los fiscales rechazaron esa posición y sostuvieron que la Casa Blanca nunca reconoció a Maduro como presidente y que las autoridades de Miraflores tampoco reclamaron formalmente inmunidad para la pareja.

En paralelo, el juez que conduce el proceso rechazó la solicitud de arresto domiciliario presentada por Flores, quien alegó razones de salud. El expediente también menciona al general Hugo Carvajal, antiguo jefe de la DGCIM y coacusado en el caso de narcotráfico y terrorismo, quien se declaró culpable en 2025 y ofreció testificar contra Maduro y Flores.

Por Roberto Sánchez R.

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