28/01/2022
Tras adoptar esta nueva resolución, que anula la prohibición de desalojo, la administración de Nicolás Maduro intenta aplicar «políticas de normalización» y retorna a las condiciones previas a la pandemia en materia inmobiliaria, luego de la reactivación parcial de la economía venezolana, acompañada del levantamiento del esquema de confinamiento 7+7
En la Gaceta Oficial Nº 42.101, con fecha del 7 de abril de 2021, se publicó el decreto presidencial 4.577 con el que se prorrogaba por seis meses la suspensión del pago de cánones de arrendamiento de viviendas y de inmuebles de uso comercial, debido a los efectos económicos generados a raíz de la pandemia por coronavirus, que afectaron por igual a arrendadores y arrendatarios. Esta medida, que fue inicialmente aplicada en marzo de 2020 y extendida hasta ese entonces, debía ser renovada en octubre de 2021, pero no ocurrió.
Así, quedó sin efecto también la prohibición de desalojo, aprobada tras la suspensión de la aplicación causal del artículo 91 de la Ley para la Regularización y Control dede Arrandamientos de Vivienda, en donde dan luz verde a la desocupación de viviendas por incumplimiento de hasta cuatro meses de alquiler.
Con esta decisión de no renovación, según explicó el abogado Alí Daniels, de la ONG Acceso a la Justicia, el régimen de Nicolás Maduro pretende aplicar «políticas de normalización» y eliminación de medidas que se tomaron en razón del covid.
«Se está reconociendo que existe la necesidad de volver a lo que nosotros consideramos que es normal, que por supuesto no lo es, en la medida en que no hay un respesto a la normalidad dentro del derecho de propiedad. (…) Esta resolución se enmarca dentro de estas políticas generales de no mantener más restricciones de las que ya existen bajo la necesidad del covid, visto que ahora la actividad económica se ha reestablecido, aunque sea de una manera parcial, obviamento eso va a exigir que se vuelva a las reglas del juego que existían previa a la pandemia».
